Un análisis sobre los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) muestra que varias instalaciones de gran capacidad llevan más de un año sin auditorías oficiales. El cambio en la política de supervisión coincide con cuestionamientos sobre las condiciones de alojamiento, la atención médica y los mecanismos de control.
Cómo cambiaron las reglas para supervisar los centros de detención del ICE
El modelo anterior contemplaba controles más frecuentes financiados por el Congreso con el objetivo de verificar el cumplimiento de los estándares establecidos para la detención migratoria. Con las nuevas disposiciones, los centros exclusivos del ICE deben recibir una inspección por año fiscal, mientras que las cárceles locales que mantienen convenios con la agencia son evaluadas cada dos años, según consignó CBS News.
Las instalaciones con poblaciones reducidas también quedaron alcanzadas por un esquema diferente, ya que pueden realizar procesos de autoevaluación asistida en lugar de auditorías externas periódicas. Al mismo tiempo, las inspecciones oficiales ya no revisan todos los estándares en cada visita, sino que distribuyen los controles mediante un sistema rotativo.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvieron que la frecuencia de las inspecciones depende de variables como la capacidad de alojamiento, el tipo de establecimiento y la función operativa de cada centro.
Los cuestionamientos al ICE por la falta de controles recientes en centros de detención
Entre los establecimientos con mayor capacidad, 15 de los 45 que alojan al menos a 500 personas no tuvieron una inspección durante los últimos 12 meses. Además, cinco centros de ese grupo no registraban evaluaciones en los archivos oficiales disponibles, lo que generó críticas sobre los mecanismos de supervisión del sistema.
La modificación responde a una actualización de las políticas internas del organismo, que estableció distintos intervalos de inspección según el tipo de instalación. Mientras el gobierno federal sostuvo que el nuevo esquema permite distribuir mejor los recursos de control, los especialistas y organizaciones vinculadas a los derechos de los migrantes advirtieron sobre los efectos de una menor frecuencia de auditorías.
“Muchas instalaciones presentan deficiencias y se requieren reevaluaciones frecuentes para garantizar que se aborden dichas deficiencias”, afirmó a CBS News la profesora adjunta de la facultad de medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, Annette Dekker.
El análisis de CBS News también indicó que la mayoría de las inspecciones detectan algún tipo de incumplimiento de los estándares establecidos por el ICE. Sin embargo, distintas investigaciones señalaron que la presencia de deficiencias no siempre deriva en sanciones ni en la cancelación de contratos con los operadores de los establecimientos.
Además, según el medio, muchas auditorías son notificadas previamente, lo que permitiría a las instalaciones implementar cambios temporales antes de la llegada de los inspectores. Para algunos investigadores, esta modalidad dificulta conocer las condiciones habituales en las que permanecen las personas detenidas.
Casos bajo seguimiento y debate sobre los centros de detención del ICE
Durante la segunda gestión de Donald Trump, varios centros de detención del país norteamericano fueron escenarios de denuncias sobre las condiciones de los detenidos. Un ejemplo de esto es el Stewart Detention Center, en Georgia, el cual recibió acusaciones de familiares que indicaron un deterioro en el estado físico y emocional de los inmigrantes alojados.
Según lo retomado por CBS News, la última inspección registrada en ese centro corresponde a marzo de 2025.
Otro caso es el Adelanto ICE Processing Center, en California. Tras la inspección realizada en septiembre de 2025, surgieron diferencias entre los resultados de las auditorías del ICE y las observaciones formuladas por autoridades estatales sobre la disponibilidad de personal médico.
También aparecen acusaciones contra el Camp East Montana, en El Paso, donde las revisiones gubernamentales identificaron problemas vinculados con las condiciones de higiene y seguridad. Por su parte, la instalación conocida como “Alligator Alcatraz”, en Florida, cerró sus operaciones sin haber sido inspeccionada formalmente por el ICE.
